Tratados fiscales con Uruguay
La ley FATCA exige a las instituciones financieras extranjeras (FFI) que comuniquen al IRS información sobre las cuentas financieras de las que sean titulares contribuyentes estadounidenses o entidades extranjeras en las que los contribuyentes estadounidenses tengan una participación sustancial. Se anima a las FFI a registrarse directamente en el IRS para cumplir con la normativa FATCA (y el acuerdo FFI, si procede) o cumplir con los Acuerdos Intergubernamentales FATCA (IGA) tratados como vigentes en sus jurisdicciones. Para acceder a la normativa FATCA y a las directrices administrativas relacionadas con FATCA y conocer las obligaciones de los contribuyentes, visite la página FATCA del Servicio de Impuestos Internos.
Desplácese hacia abajo por debajo de la Tabla de Acuerdos y Entendimientos FATCA en Vigor por Jurisdicción para encontrar una lista de Acuerdos Intergubernamentales Modelo y diversas declaraciones adicionales relacionadas con FATCA y su implementación.
Tipo del impuesto de sociedades en Uruguay
Las hipótesis mencionadas son aplicables bajo el régimen general uruguayo. Si la entidad extranjera es residente de un país que ha firmado un Tratado para evitar la Doble Imposición (TDT) con Uruguay, dichas hipótesis pueden ser diferentes.
Tipo impositivo: 12% (Podría ser aplicable la regla de Grossing-up). El tipo del IRNR aplicable a las entidades domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación (entidades “BONT”) se eleva al 25%. Uruguay proporciona una lista que incluye las jurisdicciones consideradas como BONT.
Se aplicará el Impuesto a la Renta de Residentes (IRPF) o el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) a los empleados residentes y no residentes. El empleador debe retener el CESS del empleado y pagarlo a la Oficina del CESS, junto con sus propias obligaciones de CESS.
ii) No está en vigor un Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal o un Tratado de Doble Imposición (con una cláusula amplia de intercambio de información) con Uruguay, o el Acuerdo no es plenamente aplicable a todos los impuestos cubiertos.
Retención a cuenta en Uruguay
Con un préstamo de 285 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Uruguay mejorará la eficiencia del gobierno central mediante la racionalización de su sistema tributario, la mejora de la calidad del gasto público y el refuerzo de los recursos humanos de la administración central.
El primer componente se diseñó e implementó para impulsar el sistema tributario promoviendo una estructura fiscal más equitativa y competente, reduciendo la evasión interna mediante el fortalecimiento de la eficacia de la agencia tributaria, la Dirección General Impositiva (DGI).
La recaudación de Uruguay ya aumentó un 16% entre 2006-2008 tras la aprobación por el Parlamento del Nuevo Sistema Tributario, que simplificó la estructura eliminando 12 niveles ineficientes.
El segundo componente apunta a mejorar la calidad del gasto público generando información relevante para la evaluación de resultados, posibilitando la retroalimentación anual del proceso presupuestario sin debilitar su condición de proceso plurianual, y logrando mayor eficiencia y transparencia en las compras públicas.
Impuesto sobre la renta en Uruguay
El Centro de Fiscalidad de la UE de KPMG compila una actualización periódica de los desarrollos fiscales de la UE e internacionales que pueden tener un impacto tanto nacional como transfronterizo, con el objetivo de ayudarle a realizar un seguimiento y comprender estos desarrollos y cómo pueden afectar a su negocio.
El 24 de febrero de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE o el Tribunal) publicó su decisión en el asunto C-257/20, relativo a las disposiciones nacionales antiabuso que permiten la liquidación de retenciones en origen sobre intereses ficticios relacionados con préstamos sin intereses concedidos entre partes vinculadas. La demandante es una sociedad búlgara que recibió un préstamo convertible sin intereses de su sociedad matriz con sede en Luxemburgo, reembolsable 60 años después de la entrada en vigor del contrato de préstamo. Basándose en las disposiciones nacionales contra la evasión y el fraude fiscales, las autoridades tributarias búlgaras calcularon un tipo de interés de mercado para el préstamo y practicaron una retención a cuenta del 10 por ciento sobre los intereses resultantes.
El Tribunal reiteró las observaciones del Abogado General (AG) – véase el número 141 de E-news – en el sentido de que, según jurisprudencia reiterada, la disposición controvertida no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva de la UE sobre intereses y cánones ni de la Directiva sobre matrices y filiales. En concreto, los intereses ficticios establecidos por las autoridades fiscales no implican un pago real entre las empresas y, por lo tanto, el prestamista no puede considerarse el “beneficiario efectivo” a efectos de la Directiva sobre intereses y cánones de la UE, y los intereses no pueden considerarse una “distribución de beneficios” en el sentido de la Directiva sobre matrices y filiales.